La
Unión de Trabajadores de la ONCE quiere mostrar una vez más su profundo
malestar y descontento con las autoridades que de manera continuada hacen caso
omiso a las denuncias sobre la proliferación del juego ilegal en Valencia.
Desde
UTO-UGT Valencia creemos que todos aquellos responsables políticos que no
apuestan con firmeza por que se cumpla la ley de juego, se están burlando de
los que de manera autorizada cumplimos la legalidad cada día que salimos a la
calle a ejercer nuestro trabajo como vendedores de la ONCE.
Queremos
recordar a todos los que tienen la obligación de colaborar en la erradicación
de estas actividades ilícitas, que mirar hacia otro lado no les exime de su
responsabilidad.
Tenemos
constancia que la policía viene denunciando en diferentes provincias a
vendedores de boletos ilegales que trabajan de forma irregular, ya que no están
autorizados ni están dados de alta en la Seguridad Social para el desarrollo de
esta actividad. Mientras en el ayuntamiento de Alzira la permisividad de la
autoridades locales invita a que estas organizaciones campen a sus anchas por
el municipio y en los últimos seis meses la plantilla de agentes vendedores de
la ONCE en la localidad tiene que convivir con cerca de una veintena de
vendedores de loterías ilegales.
Es
incomprensible que nadie tome cartas en el asunto y que mientras los titulares
de la prensa en ciudades como Málaga, Córdoba, Cartagena etc hablan de
incautaciones, desmantelamiento, persecución del juego ilegal, en los medios de
comunicación Valencianos no veamos ni un titular similar al que, por poner el
ejemplo más reciente, este lunes anunciaba la Cadena SER “Realizada en Málaga
la mayor intervención de boletos de lotería ilegal en Andalucía”.
Encontramos
desolador que muchos de los que hoy están ocupando puestos de responsabilidad
política, en distintos ámbitos, y que se
les llena la boca hablando de políticas sociales, de discapacidad, de
inclusión, de esfuerzo, honradez, estén al mismo tiempo con su transigencia y
dejación de funciones, siendo cómplices del enriquecimiento ilícito de
organizaciones que además del fraude a la Hacienda Pública, utilizan la imagen
de las personas con discapacidad para actividades ilegales y dejan sin
cobertura a los consumidores.
Hace
ya un tiempo desde el sindicato mayoritario en la ONCE venimos informando a
todo aquel que quiere escucharnos de los perjuicios socio-económicos que
acarrea la proliferación del juego ilegal, exactamente el mismo tiempo que
vemos que en la mayoría de los casos nuestra campaña de sensibilización cae en
saco roto entre quienes deberían defender nuestros derechos, pero no
desesperamos, desde la Unión de Trabajadores de la ONCE queremos dejar muy
claro que no pararemos hasta que se pare el juego ilegal.
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