La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, establece las condiciones específicas que regulan la actividad del juego en nuestro país. En ella, se determina la reserva expresa de los juegos de loterías, de ámbito estatal, a SELAE y a la ONCE que, en el caso de la Organización Nacional de Ciegos, se asocia indiscutiblemente a la prestación de servicios de carácter social que, de manera unívoca, son la esencia misma de la existencia de esta Organización.
Desde la Unión de Trabajadores de la ONCE, como defensora indiscutible, tanto de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores de la ONCE, como de la prestación de esos servicios para que ésta mantenga su esencia de Corporación de Derecho Público y de carácter social, solidaria con el resto de discapacidades a través de su Fundación y generadora de empleo, reiteramos, con mayor énfasis, la postura radicalizada y sin concesiones de nuestro sindicato contra el juego ilegal, en todas sus expresiones.
De manera especial reprobamos la absoluta pasividad de la Administración, ante organizaciones manifiestamente ilegales como OID, a la vez que denunciamos la competencia desleal hacia nuestros productos de juego, el uso del sorteo de la ONCE y de su imagen, la utilización de la discapacidad en su propio beneficio y hasta, en ocasiones, la confrontación pública, con agresiones físicas incluidas, a vendedores y vendedoras de la ONCE.
La campaña “El Juego Ilegal NO es un Juego”, intentando sensibilizar y concienciar a los estamentos públicos sobre la necesidad de cumplir, simplemente la Ley, no ha cubierto las expectativas de nuestro sindicato. Las escasas actuaciones realizadas y la Resolución de la Dirección General de Ordenación de Juego, imponiendo una sanción de 25 millones de euros a la OID, son, a nuestro criterio, absolutamente insuficientes y no estamos dispuestos a permitir que la actuación del Gobierno ante el juego ilegal, que nos afecta directamente, se limite a esto.
UTO-UGT exige, con carácter de urgencia, la intervención de la Administración del Estado para que, de una vez por todas, se haga cumplir la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, no solo a los que actuamos dentro de la legalidad, pagamos nuestros impuestos y trabajamos de forma responsable, sino también, y de manera concluyente y definitiva, a aquellos otros que sistemáticamente la transgreden, como es el caso de la OID.
Para ello, este sindicato iniciará cuantas acciones considere convenientes para denunciar la pasividad e inacción del Gobierno en el cumplimiento de la Ley, exigiendo con rotundidad:
“Erradicar la lacra social del juego ilegal que, aprovechándose de la solidaridad de la ciudadanía, ataca directamente a la sostenibilidad de la Institución y a nuestros productos de juego, poniendo en peligro los puestos de trabajo y la estabilidad laboral de todas las personas que dependemos de ella y de forma especial, pues lo sufren directamente en la calle, la de los vendedores y vendedoras de la ONCE”.
Madrid, 18 de abril de 2015.
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